dimanche 22 octobre 2017

Cataluña ¿qué dice la Corte Internacional de justicia?

En su estudio la Novena Frontera (www.lulu.com/es/shop/stratediplo/la-novena-frontera/paperback/product-23271506.html), Stratediplo promenorizó la posición de la Corte Internacional de Justicia emitida en el aviso consultivo n° 2010/25 del 22 de julio de 2010. Esta presentación no reflecta las opiniones que uno puede tener sobre la legitimidad ética del caso concernido o sobre la solidez lógica de los argumentos en cuestión, se limita en exponer objetivamente (sin comentarlos) los argumentos jurídicos y las conclusiones de alcance político y jurisprudencial de la Corte Internacional de Justicia.

En este aviso la CIJ ha ampliamente explicado la conformidad al derecho internacional de una declaración unilateral de independencia, en el caso de la provincia de Kosovo y Metojia (Serbia). Este dictamen consultivo dado por la instancia judicial de las Naciones Unidas, en respuesta a una pregunta de la Asamblea General, conforma de hecho una noticia práctica de la declaración de independencia perfecta del punto de vista del derecho internacional, pero también del derecho interno aunque no fuera pedido a la CIJ. Luego de examinar las numerosas declaraciones de independencia de los siglos XVIII, XIX y XX y corregido un error de interpretación frecuente acerca del concepto de integridad territorial, la CIJ concluyó que el derecho internacional no prohibía las declaraciones de independencia, que la declaración de independencia nunca había sido considerada como una transgresión del derecho internacional, y que la segunda mitad del siglo XX vió aparecer un "derecho a la independencia en beneficio de los pueblos de los territorios no autónomos". Todavía hoy, "el derecho internacional no contiene ninguna prohibición aplicable de las declaraciones de independencia".
 
Incluso la CIJ notó que las escasas veces en donde el Consejo de Seguridad condenó unas declaraciones de independencia, no era por su carácter unilateral sino por el hecho de que eran o iban a ser acompañadas de violaciones graves del derecho internacional general (jus cogens) o de violencia ilícita. Así por otra parte esta paréntesis parece descartar cualquier posibilidad de un futuro reconocimiento por el Consejo de Seguridad de la declaración de independencia efectuada en nombre de la diaspora albanesa de Kosovo y Metojia en 2008 luego del aplastamiento de los servicios de regalía soberanos por las bombas de la Alianza Atlántica en la primavera de 1999, de la deportación de la mayoría de la población indígena durante el verano, del impedimiento los años siguientes por un empleado de la ONU del regreso de los servicios de regalía decidido por el Consejo de Seguridad (resolución 1244), y de la deportación de los restos de población indígena mediante los pogromes de marzo de 2004 o sea apenas cuatro años antes de dicha declaración de independencia, desde entonces reconocida no obstante (individualmente) por la mitad de los países miembros de la Onu, lo que en comparación augura bastante bien de un futuro reconocimiento de la secesión pacífica de Cataluña.

En su aviso 2010/25 la CIJ incluso añadió que una declaración de independencia no viola tampoco el derecho interno ya que no le pertenece y que no se hace dentro de su marco. En efecto la CIJ explica que aun cuando una autoridad de administración autónoma de competencia interna se refiere al marco constitucional, y aun si abre la sesión en calidad de administración interna, ella sale del marco interno en tanto procede a una declaración de independencia claramente expresada por ejemplo por los términos "soberano e independiente" (caso de la declaración catalana). En el espíritu de los autores de la declaración de independencia esta independencia no tiene vocación a tomar efecto dentro del marco jurídico vigente, por lo cual "los autores de esta declaración no actuaron, y no entendían actuar, en calidad de institución nacida de este orden jurídico y habilitada a ejercer sus funciones en este marco". Los textos vigentes, en el marco de los cuales la autoridad de administración se reúne inicialmente, tienen una finalidad de administración (interna), mientras la declaración de independencia tiene una finalidad de estatuto (internacional), lo que hace que sean textos de naturaleza distinta y la proclamación de la segunda no viola los primeros.

La distinción entre la naturaleza del texto y el marco en el cual puede erróneamente parecer haber sido tomado es aun más evidente, según la CIJ, si algunos elementos complementarios muestran que los autores de la declaración no se veían más en el marco del derecho interno (y de su mandato) sino del derecho internacional. Por ejemplo pueden comprometerse a asumir las obligaciones internacionales del territorio que accede a la independencia (caso de la declaración catalana), escribir la declaración sobre un medio que no lleve el encabezado oficial de la administración interna, firmar de un título distinto de aquel tenido en el marco del mandato interno (caso de la declaración catalana), abstenerse de enviar la declaración a la autoridad encargada del registro y de la publicación oficial de los actos usuales de la autoridad interna (caso de la declaración catalana… por ahora), o también recurrir a una procedura distinta de la procedura normal de adopción de los textos legislativos de uno interno (caso de la declaración catalana), dando la CIJ como ejemplo el hecho de asociar a la firma de la declaración una autoridad distinta, en el caso de la diaspora albanesa un presidente que no pertenecía a la asamblea parlamentaria regional sino al ejecutivo. Tales son las marcas secundarias que permiten, más allá del acto y del texto mismos, determinar que una declaración de independencia no es el hecho de la institución normal de una administración autónoma "actuando dentro de los límites del marco constitucional, sino que es él de personas actuando juntas en su calidad de representantes del pueblo", fuera del marco de la administración normal.

Eso es lo que permite a la CIJ determinar que una declaración de independencia "no procedía de las instituciones […] de administración autónoma, y que no se trataba tampoco de un acto destinado a tomar efecto, o que haya efectivamente tomado efecto, en el marco del orden jurídico dentro del cual éstas actuaban […] los autores de la declaración de independencia no eran y responsabilidades, la conducta de las instituciones […] la declaración de independencia no violó el marco constitucional". En consecuencia de lo cual, si la adopción de una declaración de independencia no viola el derecho internacional general ni tampoco el marco constitucional vigente, no viola ninguna regla aplicable del derecho internacional.

Por este aviso consultivo, la CIJ determinó que una declaración de independencia efectuda en estas condiciones no viola el derecho constitucional interno, lo que no le era preguntado, y concluyó sobretodo que tal declaración es conforme al derecho internacional, respondiendo así a la pregunta hecha por la Asamblea General de la ONU.

La CIJ es la autoridad judiciairia suprema del sistema internacional actual (ONU) y sus decisiones hacen jurisprudencia. Claro que un comentador crítico, viniendo por ejemplo de otro siglo y permitiéndose relativizar esta autoridad, podría notar que ella es más sensible al formalismo del verbo que, por ejemplo, a la legitimidad democrática. En efecto (para justificar lo injustificable, diría el comentador crítico) la CIJ consideró que la declaración de independencia de la diaspora albanesa había sido pronunciada por unas "personas actuando de concierto en su calidad de representantes del pueblo", ya que firmaron como tales, pero no como por la asamblea parlamentaria a la cual pertenecían dichas personas y que no tenía la autoridad de pronunciar la independencia. Un observador crítico de la iniciativa de estas "personas actuando de concierto" podría notar que el pueblo que representaban no les había dado mandato de secesión, que sea por una elección o por un referéndum.

Por el contrario la mayoría absoluta de los deputados catalanes fue elegida dos años atrás sobre un programa secesionista, y firmó la declaración de independencia luego de la victoria de la propuesta separatista en un referéndum; no asoció a la declaración a un paseante no miembro de la asamblea, a pesar de esta implícita recomendación de la CIJ, y el presidente y el vice-presidente del gobierno catalán sólo firmaron como los demás diputados, en el caso como "legítimos representantes del pueblo". La diferencia con el caso de la asamblea parlamentaria de Kosovo y Metojia, que no tenía absolutamente ninguna competencia en materia de estatuto internacional del territorio, es que una programa secesionista había sido autorizado a las elecciones parlamentarias catalanas y que una mayoría de diputados abiertamente secesionistas había sido elegida, intronizada y autorizada a formar un gobierno encargado explícitamente de conducir la provincia a la independencia dentro de dieciocho meses, por lo cual dichos diputados no tienen que pretender que no están actuando como parlamento o que están actuando como imprecisos "representantes" fuera de su mandato electivo, aun si se dispensaron de la mayoría cualificada de dos tercios necesaria a las cuestiones estatutarias en el marco constitucional. Aunque el primer ministro español pretenda exigir que el presidente catalán confiese si declaró la independencia, y en el caso que la revoque, el gobierno español tiene que saber que la ley 19/2017 atribuía exclusivamente al parlamento catalán (no al presidente) la competencia de declarar formalmente la independencia, y que la ley 20/2017 lo confirmó.

La declaración de independencia fur firmada por la mayoría absoluta de los diputados, será seguramente registrada en la brevedad para publicación oficial, y según el aviso 2010/25 de la Corte Internacional de Justicia es conforme al derecho internacional y no viola tampoco el derecho constitucional español.

Las potencias que fomentan al cáos no pueden siempre escaparse de él.

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