lundi 9 octobre 2017

Cataluña - negar la realidad no la cambia

A algunas horas de la declaración de independencia de Cataluña, el gobierno español sigue negando la realidad.
 
El domingo 1er de octubre a la noche, el primer ministro Mariano Rajoy declaró con solemnidad que, como lo había anunciado, ningún referéndum había tenido lugar en Cataluña.
 
Al mismo momento se desataba una crisis interna (todavía en curso) en la televisión pública española, que recién se daba cuenta de que toda España había seguido la actualidad del día en cadenas privadas o extranjeras porque la TVE no había previsto ninguna cobertura, enviado a ningún periodista suplementario (aparte sus correspondientes locales ya presentes) y tomado contacto con ningún comentador potencial, por haber creído totalmente en la propaganda gubernamental según la cual no pasaría nada especial en Cataluña ese día. Y el lunes a la mañana, mientras la prensa extranjera y particularmente europea titulaba en primera página sobre las "violencias" (muy relativas) policíacas en España, la población española fuera de Cataluña no se había restablecido de su sorpresa, y los diarios madrileños expresaban choque, estupor y, todavía algunos, incredulidad. La omertà realmente había funcionado, España "no creía" que el gobierno catalán haría lo que venía anunciando por meses, y que en Madrid habían escondido bajo silencio y comentarios. Habrá que guardar los títulos de los diarios españoles de este lunes 2 de octubre para acordarse cómo toda la prensa de un país puede condenarse a la sorpresa por haber sistemáticamente negado la realidad.
 
Por su parte el mundo político español no se dió cuenta todavía de la irreversibilidad del proceso de secesión catalán. Luego del discurso victorioso y mentiroso del primer ministro el domingo al anochecer ("el referéndum no tuvo lugar"), el rey Felipe VI esperó dos días para tomar excepcionalmente la palabra, el martes a la noche, para llamar el gobierno catalán a la legalidad pero también ordenar al primer ministro español que impida la secesión, sin decirle cómo. Ya el lunes el gobierno español pretendió trabajar sobre la aplicación, en última extremidad, forzado y en contra de su voluntad, del artículo 155 de la constitución, y el martes todo el mundo político español comentaba este dispositivo, menos algunas personalidades que están ya pidiendo la renuncia del primer ministro, como si una vacancia gubernamental o un nuevo titular podría hacer mejor.
 
Ya hacen no obstante varios meses que el constitucionalista Jorge de Esteban mostró que los plazos necesarios para la aplicación de este artículo 155 habían pasado, como Stratediplo lo escribía en la Novena Frontera... en julio. En efecto se trata de un proceso complejo e iterativo primero entre el gobierno central y el senado, pero también luego entre el senado y el gobierno autónomo provincial considerado, con preguntas, compareciencias, pedidos de explicaciones, citaciones de autoridades, peritos y de cualquier parlamentario o cualquier partido político interesado en el proceso, sin ninguna fecha límite. Por encima, cabe recordar que si el primer apartado del artículo 155 dispone que con la aprobación del senado el gobierno "podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a [la comunidad autónoma desobediente] al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones", el segundo apartado precisa que para la ejecución de estas medidas "el gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las comunidades autónomas". Ningún artículo de la constitución prevé la suspensión de la autonomía provincial o el reemplazo de su gobierno, y el artículo 155 tan raramente leído como frecuentemente invocado este año prevé simplemente que el gobierno nacional dicte instrucciones directamente a las autoridades provinciales, como se trató hacerlo hacia la policía catalana dos semanas atrás, sin la autorización senatorial... y en vano.
 
El gobierno español no explica qué le hace creer (o pretenderlo) en una futura repentina obediencia de las autoridades catalanas que han desobedecido formalmente durante dos años, que desafiaron magistralmente su autoridad el domingo 1er y obtenido una (relativa) legitimación en las urnas de su desobediencia, y que más allá de la evidente sedición de la cual todavía no fueron inculpadas anuncian ahora la secesión, es decir el golpe a la unidad del país. Miembros del gobierno catalán anterior han sido condenados a dos años de ineligibilidad en España y ello no disuadió realmente a sus sucesores. ¿Puede el dictamen de ordenes directas por el gobierno central al gobierno catalán o a algunos de sus servicios producir algún efecto? Que estas reprimendas o estas instrucciones directas tengan en adelante la aprobación del senado (cámara de las comunidades autónomas) ¿puede lograr una mejor adhesión del gobierno catalán? ¿Existe algún medio de coerción en contra de la Generalidad, otro que las amenazas de (demorados) juicios en contra de sus miembros para su condena a la ineligibilidad, a la inhabilitación, o a la prisión por malversación de fondos o por sedición? No, aun si el gobierno lograba poner en aplicación de un día al otro el artículo 155 permitiéndole dar ordenes directas a la Generalidad, eso no le daría cualquier medio concreto suplementario para obtener obediencia.
 
Ya fue explicado, sólo la aplicación del artículo 116 de la constitución, apartado cuatro, a saber la proclamación del estado de sitio tal como detallado por la ley orgánica 4/1981 permitiría, considerando la imposibilidad constitucional de disolver el gobierno catalán, transmitir algunos de sus poderes a una autoridad militar. Para la decisión, eso no necesita más, al nivel político, que el acuerdo por mayoría absoluta en el parlamento (congreso de los diputados), que a pesar de las disputas demagógicas actuales se supone favorable a la defensa de la unidad territorial y del orden constitucional, pero para la imposición en concreto y en el lugar ésto exige (además de voluntad política) mucho más que los 4000 refuerzos de policía inicialmente enviados hasta el 5 de octubre y por supuesto prorrogados sine die.
 
El parlamento catalán proclamará muy probablemente la independencia en sesión plenaria, este martes 10 de octubre.
 
La única razón por la cual el parlamento no lo hizo aún es la insistencia con la cual el gobierno catalán pidió algunos días para obtener una mediación, y el parlamento le daría hasta varias semanas o meses si esta mediación fuera produciente. La extrema izquierda de la CUP, pero parece también la izquierda de la ERC en el gobierno, están insistiendo fuertemente para una proclamación inmediata e incondicional. El PDECAT (derecha) del presidente Carles Puigdemont, asistido en su búsqueda por el ministro de asuntos exteriores Raül Romeva pero también por el vice-presidente (aunque de izquierda) Oriol Junqueras, quiere absolutamente obtener una mediación. Varios países europeos dicen "desear" una negociación pero no hicieron ninguna propuesta. Más concretamente, el Parlamento Europeo (por la voz de su presidente) pidió a la Comisión que nombrara un mediador, pero ésta se niega, lógicamente ya que no quiere moverse antes de la declaración de independencia. El Vaticano parece rechazar por ahora patrocinar oficialmente las negociaciones, pero se está hablando con dos autoridades religiosas catalanas cercanas a la Sante Sede que permitirían comenzar las negociaciones a un nivel ibérico antes de que el Vaticano decida darles su bendición. Ya que se necesita encontrar rápidamente, se contactó también a dos anteriores primeros ministros británicos (no muy especiales). Más interesante, un anterior primer ministro italiano y anterior presidente de la Comisión Europea, buen conocedor de Cataluña y coincidentemente padre espiritual de la doctrina actualmente vigente en la Unión Europea por lo que llaman ahora una ampliación interna, podría aceptar de conducir la mediación. En última noticia parece que el gobierno suizo aceptaría el oficio.
 
El mediador al cual pensaba probablemente, inicialmente, el presidente Puigdemont se (por ahora) descalificó. Algunos desconocedores se sorprendieron de la respuesta de Puigdemont a Felipe VI, que expresaba fundamentalmente menos ira que decepción ante este rey que entiende e incluso habla el catalán, de lo que su súbdito, de alguna manera, le felicitó. Se puede probablemente desvelar ahora que si el presidente catalán se oponía al principio a la inscripción de la palabra "república" en la pregunta del referéndum, de la cual esperaba hasta julio (y dejaba todavía la posibilidad en septiembre) que se pueda formular de acuerdo con el gobierno español, no era únicamente por los malos recuerdos de los años veinte y treinta asociados al término de república (la guerra civil). Antes de que la izquierda republicana imponga esta palabra en la formulación de la pregunta referendaria, el presidente había varias veces mencionado el ejemplo de países como Canadá, Australia y Nueva-Zelanda que habían tomado su independencia mientras conservando al mismo rey (hoy reina) que su antigua metrópolis el Reino Unido, una fórmula que permitió una transición estatal suave. Muy ciertamente, hasta el discurso de Felipe VI el martes pasado, Puigdemont esperaba que el rey pueda jugar al menos un papel de árbitro entre los gobiernos español y catalán afines de entablar la negociación sobre los términos concretos de la inevitable separación... y posiblemente más.
 
Porque lo que no interesa a la extrema izquierda más ideóloga que pragmática, es que sin acuerdo de transición la Generalidad tendrá un fin de año presupuestario muy difícil. Para el año próximo antes de la primera recaudación fiscal, los bancos prestarán con gusto (aun si piden una tasa inicial elevada) a un país mostrando apenas un 35% de endeudamiento respecto a su PIB. Pero la emisión de préstamo pedirá tiempo y un cese selectivo de pago podría acontecer en los meses venidores, al momento preciso en que España repentinamente clasificada insolvente (saltando su endeudamiento del 100% al 125% de su PIB) será lista, no obstante, a aceptar cualquier cosa para que Cataluña quiera de nuevo tomar una parte de su deuda, como lo había propuesto en caso de secesión negociada. Hay otros capítulos importantes por negociar, que serán necesariamente tratados (más tarde), pero la cuestión presupuestaria es urgente. Y si los bancos catalanes contemplan realmente marcharse de Cataluña, asunto sobre el cual sería necesario cruzar y autentificar las "revelaciones" españolas partidarias, es por el caso de que la suspensión temporaria de pago pueda dar ideas de nacionalización a la extrema izquierda.
 
Por su lado, animado por los resultados de su denegación de realidad, el primer ministro español Rajoy proclama que no hay nada por negociar y que no discutirá con los separatistas, aunque le resulte ser llamado a renunciar por su predecesor y co-partidario José María Aznar. Así Cataluña es condenada a hacer secesión inmediatamente para elevar la disputa al nivel internacional y obtener la mediación exterior que no lograría como región española insubordinada.
 
De no haber sorpresa la independencia será proclamada este martes. España no aceptará ninguna mediación antes de ello pero será empujada a la negociación luego. Alguna gran potencia norte-americana no esperará mucho para hacer conocer su posición, aunque no reconozca la independencia tan rápidamente como lo hizo la Unión Europea para algunos territorios yugoslavos. Francia, primer vecino y partenario económico de Cataluña, cuyo gobierno había no obstante sido alertado ya al momento de su constitución en mayo, habrá dejado pasar una oportunidad de restaurar la pertinencia de su diplomacia, y de reactivar de paso las líneas directrices para el reconocimiento de nuevos Estados, definidas por la CEE en diciembre de 1991 y luego pisoteadas por Alemania. Informar la diplomacia francesa de lo que iba a pasar era el objeto del informe la Novena Frontera (www.lulu.com/es/shop/stratediplo/la-novena-frontera/paperback/product-23271506.html), que quedará el libro de referencia de los diplomáticos enviados a Barcelona el año que viene.

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