vendredi 28 juillet 2017

Cataluña – ¿hacia el estado de sitio?

Este 25 de julio el gobierno español ordenó a los ministros, a los parlamentarios y a los jueces no ir de vacaciones a más de dos horas de vuelo de Madrid, y quedar comunicables por teléfono de bolsillo en cualquier momento, a partir de la segunda semana de agosto.
 
Ordenes similares habían sido dados hace poco a los ministros, secretarios de estado y altos mandos funcionarios del ejecutivo, los cuales dependen efectivamente de la autoridad del primer ministro, y se sabía que instrucciones habían sido dadas en el Tribunal Constitucional, probablemente en interno por su presidente.
 
No cabe comentar la realidad de la separación de poderes que proclama la Constitución española, a propósito de la cual el Consejo de Europa mostró varias veces que no tiene ilusiones. Pero esta vez es abiertamente que los órdenes han sido difundidos para el poder legislativo y el poder judicial por el palacio de la Moncloa, en el caso por la vice-presidente del gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, teniente del primer ministro Mariano Rajoy.
 
El modo autoritario extraconstitucional usado en el asunto por el ejecutivo nacional hacia los demás poderes centrales oficialmente distintos no deja alentar mucho respeto de la autonomía constitucional de los poderes ejecutivo y legislativo de una comunidad autónoma. Ya que el motivo de esta febrilidad es obviamente la preparación del referéndum de autodeterminación anunciado por el gobierno regional de Cataluña para el 1er de octubre, y cuya ley de organización podría ser votada por el parlamento catalán, en procedura de urgencia, apenas reanuda sus sesiones, anticipadamente el 15 de agosto este año.
 
Por motivos de imagen internacional y por ende de reconocimiento ulterior, pero también para razones de política interior, el gobierno y el parlamento catalanes cuidan por ahora la calidad irreprochable de sus más menores actos, y continuarán así hasta el último minuto antes de la proclamación de la independencia. Recién se expuso en la Novena Frontera, publicado este 26 de julio, la articulación cronológica del proceso por el cual Cataluña está por restablecer su soberanía.
 
Por su lado el gobierno español, al contrario, prentendió ignorar la cuestión hasta el mes pasado, esperando seguramente poder fingir la sorpresa en septiembre. Rechazando meterse en un debate político, hizo ripostar el aparato judicial, notablemente el Tribunal Supremo, obviamente el Tribunal Constitucional, y últimamente el Tribunal de Cuentas, pero a pesar de cambios de procedura permitiendo pronunciar inmediatamente medidas suspensivas o cautelares temporarias, los asuntos son luego juzgados con una lerdura... judicial, aun en un país cuyas proceduras son a veces expeditivas como lo nota regularmente el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos.
 
Por razones propias el gobierno español no quiso actuar, o hacer actuar la justicia constitucional, sobre las declaraciones de intenciones que el gobierno catalán comunica por escrito muy explícitamente, esperando actos para, supuestamente, activar el artículo 155 de la Constitución española que permite al gobierno central "intervenir", o sea dar instrucciones directamente a las autoridades de una comunidad autónoma que atente al interés general de España.
 
Asimismo, como lo explicaba recién el constitucionalista Jorge de Estaban, la activación del artículo 155, por primera vez desde que la Constitución existe, demora entre tres y cuatro meses. En efecto el gobierno debe primero intimar a la autoridad incumplidora, esperar su respuesta, llevar el tema ante el Senado, esperar que éste haga su investigación, convoque a la autoridad incumplidora, espere la respuesta de la misma, y luego trate todas las notas y preguntas presentadas por todas las autoridades interesadas sin límite temporal, antes de proceder a la votación senatorial autorizando al gobierno a intervenir por instrucciones dadas directamente a la autoridad incumplidora, en el caso el orden de anular la convocación del referéndum. Por elección o por incompetencia, el gobierno español dejó pasar los plazos y no está más en capacidad de obtener la autorización del Senado a tiempo. Por lo que no es para activar el artículo 155 de la Constitución que prohibió a los parlamentarios salir de España.
 
No es tampoco para declarar el estado de alarma (previsto para los casos de catástrofes), ya que por una parte el gobierno puede declararlo por simple decreto tomado en consejo de ministros, y que por otra parte conlleva más bien el efecto de reforzar los poderes de la comunidad autónoma concernida. Y no es para declarar el estado de excepción (previsto para los casos de ruptura de la normalidad institucional) ya que éste tampoco no quita ningún poder a las autoridades de la comunidad autónoma concernida y no la pone bajo tutela o administración del gobierno nacional.
 
El único caso en donde los parlamentarios puedan ser útiles e incluso imprescindibles, es la proclamación del estado de sitio, previsto por el artículo 116 de la Constitución y detallado por la ley 4/1981 sobre los estados de alarma, de excepción y de sitio. Previsto para los casos de "insurrección o acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España, su integridad territorial o el ordenamiento constitucional", el estado de sitio sólo puede ser proclamado por el parlamento, y permite al gobierno quitar algunos poderes a las autoridades de la comunidad autónoma concernida, para transferirlos a una autoridad militar nombrado por el gobierno nacional. Está acompañado, como se puede adivinar, por restricciones de las libertades individuales y colectivas. El parlamento define el territorio de aplicación, la duración y las condiciones particulares del estado de sitio, por ejemplo la lista de los delitos cuya represión está transferida a la jurisdicción militar.
 
La declaración del estado de sitio según el artículo 116 de la Constitución es la única modalidad concreta que queda para la aplicación del artículo 8 de la misma Constitución, reclamado hace meses por varias autoridades intelectuales (pero también por manifiestos circulando en las redes sociales), ya que este artículo da a las fuerzas armadas españolas, más allá de las misiones que son su razón de ser en cualquier país (defensa de la soberanía, de la independencia y de la integridad territorial), la misión de defender también el orden constitucional de España.
 
Luego de haber agotado sus inútiles municiones judiciales, lerdas y poco disuasivas, e intentado últimamente la intimidación individual policial y económica, el gobierno español parece estar preparándose a hacer tomar en urgencia unas medidas que necesitarán la autorización del Parlamento, en donde el gobierno dispone de una mayoría. Habrá varios días de debates, pero la autorización llegará y la ejecución será entonces rápida.
 
Sabiendo que después de la mobilización probable de dos millones de civiles catalanes en Barcelona el 11 de septiembre (para la fiesta nacional catalana) y que una parte de ellos quedará para ocupar los alrededores de la sede del gobierno y del palacio del parlamento catalanes, para protegerlos hasta la celebración del referéndum el 1er de octubre, parece que sólo una operación militar parece, en efecto, capaz de impedir su celebración.
 
Si los países vecinos no quieren permitir una operación militar contra la población civil de Cataluña, tendrán que interponerse en seguida apenas el gobierno español pedirá al Parlamento proclamar el estado de sitio. Y teniendo en cuenta las capacidades militares de Andorra, le tocará a Francia intervenir.
 
El proceso previsto y los escenarios posibles son expuestos en la Novena Frontera – Cataluña 2018, publicado ayer en Lulu.com.

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