jeudi 5 décembre 2013

el "cordobajo" de los 3 y 4 de diciembre del 2013

Primeras reflexiones sobre el "cordobajo" de los 3 y 4 de diciembre del 2013.

El 3 de diciembre la policía de la provincia de Córdoba se puso de huelga, o paro reivindicatorio, para obtener algunas mejoras salariales y estatutarias, y miles o decenas de miles de delincuentes "de un día" aprovecharon para saquear más de mil comercios, lo que ocasionó doscientos heridos, un muerto (oficialmente), y movimientos de auto-defensa colectiva espontánea, como barricadas armadas por los comerciantes en algunas calles. El gobierno de la provincia llamó por todos los medios al gobierno federal para que despache dos mil efectivos de la fuerza militar de gendarmería, y por diferencias partidarias el gobierno federal no lo hizo, así que el gobierno provincial tuvo que acordar todas las reivindicaciones policiales para poner fín al paro después de 35 horas de cáos.

Del punto de vista legal, una vez más, como tantas en los últimos cien años, se plantean las cuestiones del servicio "mínimo" debido, del servicio público en general y del "derecho" de huelga pagada, que sea por un emprendedor privado o por el contribuyente. En los países comunistas la huelga era ilegal porque lógicamente ningún interés privado, corporatista o categorial podía levantarse contra la democracia popular.

Del punto de vista securitario, se plantea la necesidad de fuerzas de segunda categoría de mantenimiento del órden público. Los tres países más poblados del mundo, China, India y Estados Unidos no las tienen. China es una dictadura totalitaria, con importantes efectivos policiales, pero ante una contestación amplia, en 1989, tuvo que utilizar el ejército. Estados Unidos es una mezcla de federalismo y de sistema securitario fallido, con poblaciones policiales y carcerales récord en el mundo, y ante una situación un poco complicada (búsquedad de dos sospechos del atentado contra el maratón de Bostón) los estados mobilizan el ejército de reserva de defensa territorial (National Guard) perteneciendo al nivel del estado (provincia) pero con verdaderas misiones de defensa nacional y participación en los despliegues exteriores. Cuando Rusia, salida del totalitarismo soviético y habiendo recién visto algunas grandes contestaciones populares (cadena humana Vilnius-Tallín de 1989), decidió constituir una fuerza policial digna de un gran país moderno, más allá de la modernización de la "milicia" urbana, estudió los sistemas de mantenimiento del órden de las democracias más seguras y pidió a Francia que le construyera unas fuerzas de segunda categoría como las Compagnies Républicaines de Sécurité y la Gendarmerie Mobile (misión Badinter). Córdoba tiene fuerzas (de policía) especiales para operaciones antiterroristas o de liberación de rehenes, pretende tener équipos anti-disturbios, pero no tiene ninguna fuerza de estatuto diferente de la policía convencional, con gremios. Si bien el disidente puede tener objeciones a la constitución de una policía política de uso discrecional y secreto, el ciudadano común merece ser protegido de movimientos conflictuales de gran amplitud.

Del punto de vista ético, el llamado a una intervención de gendarmería, es decir militar, conlleva cuestiones de dos niveles. Al nivel argentino, no se puede ocultar el tremendo complejo psicológico de la sociedad argentina ante cualquier desempeño de las fuerzas armadas en las misiones de mantenimiento del órden público interior. Este complejo es muy percibible dentro de las mismas fuerzas armadas, y por supuesto acentuado por las políticas de opresión antimilitarista del gobierno pingüino-montonero. Cada vez que los oficiales argentinos se reúnen con sus pares extranjeros, y especialmente cuando estos últimos intentan promover los nuevos conceptos de "seguridad integral" interior y exterior facilitados por la promoción del terrorismo (asunto de seguridad) al nivel de amenaza nacional (asunto de defensa) que permite a algunos gobiernos atlánticos desarmar y desanimar su defensa, dichos oficiales argentinos insisten en que en este país democrático y estado de derecho las fuerzas armadas son no solamente subordinadas sino sometidas al poder civil, y no se meten en asuntos de seguridad interior. No se podría imaginar, en la Argentina de hoy, un estado de sitio militar permanente como por ejemplo en Francia donde las fuerzas armadas hacen patrullas en los lugares públicos, notablemente aeropuertos y estaciones ferroviarias, desde más de veinte años. En este tema las fuerzas armadas no se dieron cuenta todavía que la ascensión del general Milani por Cristina Kirchner es una confirmación y acentuación de la reorientación de los (pobres) servicios de inteligencia militar hacia fines y misiones interiores, civiles, políticas y partidarias. Al nivel general, y a pesar de esta nueva tendencia de algunos países (seguidores de la "guerra al terrorismo") a mezclar los géneros y las misiones para justificar el desmantelamiento progresivo de sus fuerzas militares, hay algunas diferencias fundamentales entre las finalidades, las tácticas, el adiestramiento y las motivaciones de las fuerzas militares y de las policiales, como explicitado en los manuales de mantenimiento del órden para militares en fuerza de tercera categoría o último recurso, ya que no es ni la práctica ni la vocación del militar: su vocación es la defensa del país (no su órden), su enemigo es extranjero (no nacional) y su modo de acción, aún cuando estéticamente llamado hoy "coerción", es la neutralización o destrucción, lo que significa tradicionalmente matar.

Del punto de vista constitucional, se plantea una vez más la cuestión de las relaciones entre las provincias unidas y el estado federal (o entre las Provincias Unidas y Buenos Aires), y del conflicto entre los Federales y los Unitarios que hizo tantos muertos cuando la ideología nacionalista era de moda, en el siglo 19. Uno se acuerda que, hace menos de diez años, cuando el ejecutivo federal intentó aprovechar de la mala fama (justificada) de la "Bonaerense" (más una mafia que una policía) para imponer en todo el país una policía "nacional", todas las provincias, empezando por las mayores, se refirieron a la Constitución y a las responsabilidades transferidas por ellas al nivel confederal, dejando en claro que, aunque el mismo gobierno bonaerense fuera incapaz de asumir sus responsabilidades y pidiera ayuda (o necesitaría intervención) federal, cualquier intento de intromisión de fuerza, y por fuerza, en las demás provincias, resuscitaría las veleidades de secesión aparecidas por motivos económicos en 2001-2002. Hoy el gobierno de la segunda provincia del país, fallando en su misión de policia, y dando la oportunidad al ejecutivo federal de hacer percibir (por motivos partidarios) esta fallencia, empeorando la crisis al no enviar los refuerzos pedidos en emergencia, facilita el avance de las ideas unitaristas nacionalistas en contra de las autonomías provinciales constituyentes de la confederación argentina.

Del punto de vista sociológico, y teniendo en mente, comparativamente, que en Suiza ningún paro policial podría acabar con el civismo de la gente, se puede notar que la Argentina pasó de un estado obviamente civilizado a un estado meramente polizado. El Europeo de América se bajó al nivel de un vulgar Estadounidense sin fe ni ley, la punta avanzada occidental de la civilización terminó en el Far-West, las botas del gaucho siendo más prácticas para llevar el cuchillo que para bailar el tango. Lo que occurrió es una regresión de civilización que apenas se había observado a comienzos del 2002 cuando la gente había perdido su dinero y a veces padecía hambre. Hay que reflexionar a las consecuencias a medio y largo plazo, sobre la educación individual y social, de un modo de gobernar que, durante un lustro y medio, se burló de la representación popular en el parlamento y consideró a todos los ciudadanos como a priori delincuentes, suponiendo la evasión fiscal generalizada, sistematizando la mentira (a propósito de la inflación por ejemplo) y el robo (por actualización de las jubilaciones sobre bases mentirosas por ejemplo) estatales, y publicando varias normas legales (aunque inconstitucionales) estableciendo la presunción de culpabilidad en donde la prueba de inocencia recae en el ciudadano, instituyendo un contexto en que "él que no miente -o roba- pierde".

Del punto de vista politológico, se plantea la cuestión de los deberes del Estado. ¿Es gobernar un derecho adquirido por victoria electoral o un deber conferido por una autoridad superior? En los países sin otra tradición que republicana, el único soberano conocido es el pueblo, y en América la principal fuente de legitimidad aceptada sale de las urnas (cuando en África la más aceptada sale de la demostración de fuerza, o en Asia de la filiación genética). Viniendo de algún orígen trascendente, el poder era un medio para ejercer un deber; pero cuando es adquirido y no conferido, el poder es un objeto de lucha y se convierte en un fín de por sí. Cuando el gobierno es de orígen contractual se puede negociar con él, y él mismo negocia sus servicios, el colmo siendo el nuevo sistema francés de "contrato operacional" impuesto a las fuerzas armadas por el ejecutivo, que se protege ante el pueblo haciéndolo firmar por el parlamento: convirtiendo su obligación de resultados, la defensa del país, en obligación de medios, el presupuesto votado, afín de sobrevivir a la derrota militar (y preparando simultáneamente la contratación de servicios militares privatizados), el Estado capital-socialista que controla la mitad de la economía del país se deshace de las funciones regalianas que fueron la razón de ser del Estado mismo. Hoy el estado de Córdoba, uno de los fundadores de las Provincias Unidas y de la Confederación Argentina, está tomando el mismo camino. Pero cuando un Estado niega sus deberes y obliga a los ciudadanos a auto-organizar un servicio de sustitución, prepara su destitución y su reemplazo.

En los próximos días y meses saldrán otros comentarios y estudios de estos dos días del "cordobajo" de diciembre de 2013, éstas son meramente unas primeras reflexiones en caliente.

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